Francisco Javier García Cabeza de Vaca siempre ha sido muy osado y bastante hábil. De vender chamoyadas en Reynosa, se casó con la hija de uno de los empresarios más acaudalados de esa ciudad, quien le financió la campaña para ser diputado local, y luego para ser alcalde de Reynosa. Al ganar, le dijeron los inversionistas de su campaña que querían realizar un proyecto de urbanización, y los envió con su hermano mayor, quien les dijo que sí, a cambio de una comisión de 10 por ciento. Ahí rompió con su suegro, a quien en 2016 denunció por un tema de tierras. Reconciliado con él a través de su esposa en 2017, resolvió un problema con ella en 2020 que solucionó entregándole a su prima la alcaldía de Ciudad Victoria, y a su primo, al dejar de bloquearlo, le allanó el camino para que lo nombraran superdelegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con maromas, García Cabeza de Vaca ha ido avanzando políticamente y sorteando una década de señalamientos de presunta vinculación al crimen organizado. También se ha ido armando de un poderoso equipo reclutado en diferentes trincheras. Una parte del aparato político del entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, lo llevó a su asesoría, encabezado por Roberto Gil, quien a su vez, le presentó a Cuitláhuac Bardán, su principal consejero, que trabajó con Marcelo Ebrard en el Gobierno de la Ciudad de México, al igual que Luis Rosendo Gutiérrez, que fue su tesorero.
García Cabeza de Vaca se ha convertido en uno de los gobernadores más beligerantes frente a López Obrador, como se ha visto en su reacción ante la acusación de la Fiscalía General de vinculación con el crimen organizado. Las imputaciones no eran nuevas, y como se apuntó ayer en este espacio, se conocieron en julio del año pasado, al revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera le había congelado cuentas a él, a su madre, a su esposa, a sus hermanos y a dos personas que manejaban dos empresas mediante las cuales, lo acusaron, triangulaba ilegalmente recursos. A esas dos personas, el mismo miércoles, les congelaron más cuentas bancarias.
Que hubiera una nueva acción drástica en contra de personas asociadas a García Cabeza de Vaca, parece una torpeza luego que sabía de la investigación en curso. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios federales, siguió incurriendo en acciones bajo sospecha de corrupción. Según la información proporcionada al Presidente, sigue triangulando recursos con presuntas empresas fantasmas o factureras, que ya están siendo investigadas por las autoridades federales ante la posibilidad de que estén evadiendo impuestos o lavando dinero.
Pese a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y las imputaciones en julio, funcionarios federales revelaron que García Cabeza de Vaca mantuvo una práctica irregular o ilegal, para realizar compras simuladas. Un reporte confidencial de septiembre pasado detalló los métodos que está utilizando en Tamaulipas. En esa nota se informó del depósito a una empresa (cuyo nombre se omite en esta columna) por 105 millones de pesos en noviembre de 2019, por la supuesta compra de equipos médicos. La operación la realizaron Bardán y Gutiérrez, quienes de acuerdo con el informe, al cual se tuvo acceso, le dijeron al propietario de la empresa, que tiene su razón social en la Ciudad de México, que debía regresarles 85 millones de pesos en efectivo, en una sola exhibición, y que podía quedarse con los 20 millones restantes.
El modus operandi, descrito en la nota, es que la empresa debía de dispersar ese dinero mediante operaciones simuladas de pago a 14 compañías, que serían las que regresarían el dinero. Éstas, cuyos nombres también se omiten en este espacio, fueron propuestas por Gutiérrez, precisaron los funcionarios federales. Las empresas, que registran diferentes actividades, están repartidas en varias localidades, como la Ciudad de México, Monterrey, Naucalpan, Puebla y Zapopan.
Para trasladar el dinero que le exigieron los asesores de García Cabeza de Vaca, el propietario de la empresa contrató el servicio de una compañía de resguardo de valores, que se lo entregó al subsecretario de Innovación y Tecnologías de la Información del gobierno de Tamaulipas, Ángel Romero Ascencio, en un departamento en Huixquilucan, un municipio mexiquense conurbado de la Ciudad de México, según la nota confidencial del gobierno federal.
Todo se cayó porque las autoridades financieras detectaron el retiro en efectivo de los 85 millones de pesos y congelaron las cuentas de la empresa de equipo médico, por alrededor de 200 millones de pesos. El propietario buscó a Bardán y a Gutiérrez, señala la nota del gobierno, para hablar sobre el problema que había tenido con la Unidad de Inteligencia Financiera y que le ayudaran a resolverlo. La respuesta, confirmaron funcionarios federales, fue dejarlo a la deriva. La nota del gobierno precisa que cuando les planteó lo que estaba sucediendo, “le respondieron que era su problema, no el de ellos”.
El problema nunca fue sólo del empresario de equipos médicos, sino de los asesores y, al final del día, del gobernador García Cabeza de Vaca. La nota del gobierno no señala específicamente que la exigencia de Bardán y Gutiérrez del 80 por ciento de la presunta operación de compra, fue ordenada por su jefe. Tampoco se especifica cuál sería el destino de esos 85 millones de pesos. El contexto, sin embargo, como lo indica la misma tarjeta, es que se trataba de triangulación de recursos para compras simuladas.
Estos datos forman parte de la investigación sobre García Cabeza de Vaca, que según funcionarios federales es voluminosa y sustantiva. Esta operación irregular que le adjudican, y otras más, tendrán que aclarar el gobernador y las personas a las que imputen las autoridades cuando se disipe la tolvanera política y comience el desahogo de pruebas de este caso contra uno de los gobernadores de oposición más fuertes en el país, cuyas maromas lo han acompañado desde su juventud.